LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
AC4369-2017
Radicación: 11001-31-10-008-2015-01441-01
Aprobado en Sala de tres de mayo de dos mil diecisiete
Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Se decide sobre la admisión de la demanda de Juan Carlos Lozano Forero, dirigida a sustentar el recurso de casación contra el fallo de 30 de enero de 2017, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso seguido por el recurrente contra Gloria Esperanza y Alejandra Lozano Forero.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. El demandante solicitó declarar que las interpeladas, sus supuestas hermanas, no eran hijas legítimas del fallecido Rafael Lozano Rodríguez.
1.2. La causa petendi. Según se afirma, el actor y las convocadas figuran habidos durante el matrimonio contraído entre el ahora causante y Amira Forero de Lozano, quien luego de quedar viuda hizo saber al pretensor que las demandadas no eran hijas de aquel.
1.3. El fallo de segundo grado. Confirma la sentencia absolutoria de 16 de agosto de 2016, proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá.
Para el Tribunal, conforme al compendio contenido en la demanda de casación, así se haya demostrado, en virtud de la prueba de ADN, que las demandadas no son hijas biológicas de Rafael Lozano Rodríguez, el actor carecía de derecho para desconocer el hecho, puesto que quien pasaba por padre, a sabiendas de no serlo, en forma expresa les extendió la presunción de paternidad matrimonial.
De ahí que tanto al presunto progenitor, como a sus herederos, la situación les era oponible. A voces del artículo 219 del Código Civil, porque la “(…) acción de impugnación no caduca cuando el padre no conocía que no lo era y ese hecho de que el padre realmente no lo era sale a la luz después de que éste fallece antes del vencimiento de los 140 días la acción de impugnación es viable. En los demás casos la caducidad de la acción que afecto (sic.) el derecho del marido se transmite a los herederos”.
1.4. La demanda de casación. El demandante recurrente formuló tres cargos.
1.4.1. En el primero, lo encauza por violación directa de la ley sustancial, en su sentir, al desconocer el juzgador de segundo grado que fallecido el presunto padre, la impugnación de la paternidad legítima la pueden ejercer (i) sus herederos, (ii) los ascendientes del marido así no tengan parte en la sucesión de éste y (iii) cualquier persona que tenga interés actual en ello.
Lo anterior, dice, al no tenerse en cuenta que la acción fue presentada antes de expirar la caducidad, a fin de refutar el reconocimiento voluntario de paternidad, no sólo ante el dictamen de ADN, donde la excluye, sino también frente a la ausencia de una prueba idónea de ratificación posterior. Igualmente, al no analizarse el interés económico y moral que le asistía para desvirtuar la presunción cuando el hijo no ha podido tener por padre al que pasa como tal.
1.4.2. En el segundo, acusa la violación indirecta de ciertas normas legales, como consecuencia de la comisión de errores de hecho y de derecho, en general, ante la transgresión del artículo 386 del Código General del Proceso, el cual impone dictar sentencia de plano acogiendo las súplicas, cual ocurre en el caso, cuando la prueba de ADN es negativa de paternidad y no es controvertida.
1.4.3. En el tercero, denuncia incongruencia objetiva y fáctica, al guardar silencio el ad-quem acerca de la legalidad de los registros civiles de nacimiento de las interpeladas, pese a demostrase espurio su contenido, y por ende, falsa la paternidad; y al no resolverse si las “demandadas son hijas o no del causante”.
Igualmente, al concurrir un error de hecho, respecto de la apreciación del escrito genitor y su contestación, dado que la “(…) parte demandada jamás propuso como excepción ni solicitó la aplicación del artículo 219 del C.C. (…)”.
1.5. Siendo ese el contenido esencial de los cargos propuestos, se procede a examinar su idoneidad formal.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor partir el 1º de enero de 2016, por ser el plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el proceso se haya originado en época anterior.
2.2. Con ese propósito, se precisa, ante todo, como se observa en la recensión efectuada, las súplicas no fueron negadas por la falta de prueba excluyente de paternidad, ni debido a la presentación de la demanda pasados ciento cuarenta días a partir del momento en que el pretensor se enteró que las convocadas, quienes pasaban como sus hermanas, no eran hijas del fallecido padre legítimo.
Tampoco, al haber sido reconocidas ellas, expresamente por su progenitor, como sus vástagos, mediante testamento o en otro instrumento público, no obstante, sin serlo en el campo bilógico. Mucho menos, desconociendo al actor interés patrimonial o moral.
Por el contrario, de acuerdo con el resumen del fallo impugnado, efectuado en el mismo escrito de casación, supuestas todas esas circunstancias, el mantenimiento de la presunción de paternidad legítima se fundamentó en que como el sedicente padre, al asentar los registros civiles de nacimiento de las interpeladas, sabía que no eran hijas suyas, al no reclamar en oportunidad, “ha dejado operar la caducidad” y en esos términos el “heredero no puede revivirla, no puede retrotraerla”.
En otras palabras, como lo dejó sentado en otro apartado, porque la “caducidad de la acción que afecto (sic.) el derecho del marido se transmite a los herederos”.
2.3. En ese contexto, surge claro, los cargos en general, no se avienen al requisito de precisión señalado en el artículo 344, numeral 2º del Código General del Proceso, para habilitar su estudio de mérito, porque al margen de cualquier otra deficiencia formal predicable, al evocar contenidos distintos a los medulares de la decisión, esto pone de presente que la acusación, en su contexto, no es puntual, sino desviada, esto es, imprecisa.
La ratio legis del requisito dicho estriba en que como el recurso de casación constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar la ratio decidendi y expresar los argumentos dirigidos a socavarla. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación propiamente dicha; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatorio del juzgador, en caso positivo, por ahí derecho, si el ataque es enfocado o totalizador.
2.4. En lo puntual, por lo tanto, con relación a los cargos primero y segundo, los errores estrictamente jurídicos, fácticos o probatorios, han debido enarbolarse alrededor de la conclusión del Tribunal, a cuyo tenor, como el presunto padre legítimo al asentar los registros civiles de nacimiento de las convocadas, sabía que no eran sus hijas, al no reclamar, había “dejado operar la caducidad”, caso en el cual el heredero no podía “revivirla” o “retrotraerla”.
Así, por ejemplo, demostrando que el supuesto padre falleció ignorando que las demandadas no eran hijas suyas; o en la hipótesis de pasarlas como tales, a sabiendas que no las había engendrado, inclusive sin reclamar en oportunidad, ello no connotaba, a lo sumo, una aceptación implícita de paternidad, ni obstaba, por lo mismo, la posibilidad de impugnación, entre otros, por los herederos.
2.5. El cargo tercero, porque fuera de lo dicho genéricamente, en particular, el recurrente inobservó al formularlo, afectando el requisito de claridad exigido en el artículo 344, numeral 2º del Código General del Proceso, que la incongruencia no puede recaer sobre apreciaciones fácticas o probatorios, como lo proscribe en forma perentoria el literal b) del mismo precepto, toda vez que el fin de cuentas todo ello conllevaría a entremezclar yerros de actividad con errores de juzgamiento.
Mírese, en efecto, cómo el recurrente, si bien enuncia el error de procedimiento, en últimas, al desarrollarlo, de una parte, se duele de haberse conferido eficacia demostrativa o elevado a la “categoría de instrumentos públicos” unos registros civiles de nacimiento que al ser espurios contenían una paternidad falsa; y de otra, acusa la comisión de “un error de hecho manifiesto respecto de la apreciación de la demanda y su contestación”. Así mismo, cuando protesta la aplicación del artículo 219 del Código Civil, cuyo contenido no fue citado por el extremo pasivo para gobernar el caso, ni siquiera como excepción.
Ahora, interpretando con amplitud el cuestionamiento por la vía indirecta, la Corte tropezaría con el escollo técnico insalvable, como es la falta de precisión supra explicada, para resolverlo de fondo, puesto que tales argumentos nada tienen que ver con las razones nodales de la decisión.
Y si se acepta, en gracia de discusión, la denuncia de un error de actividad, todo se quedó a mitad de camino, puesto que de manera alguna se hizo saber a la Corte, frente a un fallo totalmente absolutorio, cómo el Tribunal dejó de resolver en el campo objetivo, así se antepusiera, para la época, la renuncia a la acción de impugnación legítima por parte del presunto padre; menos se explicaron los motivos por las cuales la actividad del juzgador no la tutelaba el principio inquisitivo.
2.6. La Corte, en los términos de los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, se encuentra facultada bien para proteger los derechos constitucionales o defender el orden o el patrimonio público, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.
2.6.1. Sin embargo, en el ámbito constitucional, en el caso de llegarse al estadio de dictar sentencia de casación, tampoco se ameritaría un análisis de fondo, al observarse que al interior del proceso el demandante impugnante tuvo la oportunidad de ejercitar las garantías de defensa y contradicción, incluyendo el recurso extraordinario, sin que la decisión adversa, por sí, allane el camino para sustituir lo resuelto en el ámbito procesal o dispensar la protección nomofiláctica de su eventual derecho material.
Con mayor razón, cuando al no refutarse las razones medulares de la decisión, tocantes con la preclusión para toda persona de la posibilidad de impugnar la paternidad legítima, ante la conducta de renuncia del presunto padre no biológico, en fin, se entiende que la censura las acepta y que el juzgador no incurrió en ningún defecto superlativo.
Lo anterior, inclusive, sin parar mientes, en punto de la filiación en cuestión, respecto del silencio de la paternidad por el presunto padre, por lo mismo, que éste falleció el 24 de enero de 2015, mientras que la firma de los registros civiles de nacimiento de las demandadas, la asentó el 2 de octubre de 1968 y el 5 de febrero de 1986.
2.6.2. Lo mismo cabe decirse bajo la óptica de la selección positiva de ciertos fallos, a efectos de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer el control de legalidad, de constitucionalidad o de convencionalidad. En particular, al no surgir involucrados temas relacionados con la aplicación directa o con el alcance de una norma de derecho sustantivo, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.
Se precisa, sin embargo, la sentencia de SC16179 de 11 de noviembre de 2016, citada en la censura, no habilita la impugnación en el caso de aceptarla el presunto padre, en fin, porque como lo reconoce el recurrente, allí se habló fue del “(…) interés que tiene el demandante heredero para impugnar la paternidad y cómo se extiende ese interés inclusive hasta los ascendientes del padre o madre que inclusive no tengan parte o interés en la sucesión (…)”.
2.7. En ese orden, al relevarse cualquier estudio de fondo de los cargos, no queda alternativa distinta que proceder de conformidad con lo previsto en el artículo 346 del Código General del Proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Con salvamento de voto
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA